Sanciones por incumplir el confinamiento. Es necesario un requerimiento de cumplimiento.

Artículo de Iñaki Egaña y Ricardo Lázaro

Ante el alarmante número de procedimientos incoados en aplicación de la Ley Orgánica 4/215, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana por presuntos incumplimientos de las limitaciones o restricciones de derechos impuestos durante el estado de alarma es preciso recordar que la infracción recogida en el artículo 36.6 de la citada Ley Orgánica, -consistente en “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”-, exige para su correcta aplicación un requerimiento expreso e individualizado por parte del agente de la autoridad, requerimiento expreso e individualizado que no ha de resultar atendido por el destinatario de dicho requerimiento.

Dicho de otra manera, para que se sancione correctamente por el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, tiene que existir una orden previa, resultando sancionable la desobediencia a esa orden previa.

Dicha orden previa, ha de ser expresa e individualizada. Por lo que la existencia generalizada de limitaciones y restricciones, en base al estado alarma, no justifica la imposición de la sanción por el artículo 36.6 por el mero hecho de no cumplir con dichas limitaciones y restricciones de derechos. Eso sí, una vez que los agentes de la autoridad han realizado el requerimiento expreso, de no ser atendida dicha orden, podrá sancionarse con base en la concurrencia de la infracción de desobediencia tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/215.

Por el contrario, de no existir dicha orden previa no se puede sancionar correctamente con base en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/215. Ello reside en que el artículo 36.6 que nos ocupa tipifica una infracción administrativa derivada, no del genérico incumplimiento del ordenamiento jurídico, sino del desconocimiento voluntario del principio de autoridad. Ese desconocimiento voluntario del principio de autoridad implica un reproche o desvalor adicional al genérico incumplimiento del ordenamiento jurídico. De ahí que la conducta sancionable sea “la desobediencia o la resistencia” a la autoridad.

Por todo ello, aquellos procedimientos iniciados con base en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, en los que no haya existido orden previa de la autoridad han de ser archivados. De no finalizarse el procedimiento con un archivo, terminando el mismo con una sanción, la omisión de la orden previa habrá de fundamentar el recurso posterior.

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